Chile ha decidido avanzar hacia una nueva Carta Fundamental, y lo ha hecho con un amplio respaldo ciudadano, casi un 80% de los votantes aprobó la propuesta de una nueva Constitución la que además será redactada por una “Convención Constitucional”, instancia integrada por 155 miembros cuyas elecciones se llevaran a cabo el próximo 11 de abril.
Sin dudarlo este es un hito histórico para el país, como lo es el que la Convención sea paritaria y esté integrada también por independientes y representantes de los pueblos originarios. La Convención Constitucional chilena tiene reglas de funcionamiento previamente definidas las que pueden resumirse en tres aspectos: 1° la nueva Constitución debe respetar los tratados internacionales vigentes que hayan sido suscritos y ratificados por Chile; 2° la Convención Constitucional tiene una única función, redactar la nueva Carta Política, no pudiendo atribuirse otras facultades o funciones, y 3° tiene un plazo definido para realizar su labor que es de 9 meses, contados desde su instalación, prorrogables por 3 meses más, por una sola vez.
Más allá de su formalismo este proceso es expresión de que las legítimas diferencias pueden ser canalizadas por la vía institucional, pacífica y democrática, tomando también lo positivo de la experiencia comparada en países de la región que con sus particularidades y contextos también han avanzado en la generación de nuevas constituciones con la participación directa de la ciudadanía, como es el caso de Ecuador, Bolivia o Colombia, lo que aporta legitimidad, ya que incluso más importante que la pulcritud de la técnica constitucional con que se redacte una Carta Política lo relevante es que represente a toda la sociedad, incluso a aquellos que no estuvieron de acuerdo con su elaboración, de ahí que el itinerario y la integración de las diferentes miradas y opiniones se traduzcan en un pacto social, en una convención de la cual todas y todos se sientan parte.
Chile vive lo que Bruce Ackerman denomina el “Momento Constitucional” lo que representa sin dudarlo una oportunidad para las universidades y en especial para las facultades de Derecho, por cuanto los espacios de reflexión, de intercambio de ideas y debates, sobre los contenidos de una nueva Carta Política, requieren del indispensable aporte de la comunidad académica y, en eso, las facultades de Derecho deben estar a la altura de las exigencias que este histórico contexto les demanda.
No por nada nuestra facultad, la Facultad de Derecho y Humanidades de la Universidad Central, el año 2021 impartirá el Doctorado en Derecho, cuyas líneas de investigación son temáticas todas vinculadas con una nueva Constitución: la teoría de la justicia y los derechos fundamentales; el derecho penal y la justicia restaurativa y el derecho privado patrimonial.
Con la formación de investigadores bajo la guía de un claustro académico de primer nivel, seguiremos aportando y respondiendo, ahora con más fuerza y vigor, al imperativo ético que nos demanda el país en la formación de futuros juristas para Chile.
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